Un documento oficial da cuenta de 77 proyectos que están o estarían en zonas protegidas.

 

Los incidentes ocurridos en la mina de oro Veladero de San Juan (a 1.100 km de Buenos Aires) en septiembre han derivado en nuevas polémicas en un país con una relación siempre compleja con este sector. Los ecologistas tratan de frenar ahora las minas en zonas de glaciares, especialmente peligrosas. En la explotación de la firma canadiense Barrick, un pedazo de hielo quebró un caño y eso provocó un derrame. El escándalo acabó en una investigación judicial que ha sacado a la luz un documento oficial en el que se da cuenta de 77 proyectos de posibles minas en zonas de glaciares, 44 de ellas cerca de cuerpos de hielo. Consultado por EL PAÍS, el Gobierno argentino asegura que aún no se ha aprobado ninguna de esas iniciativas, pero los ecologistas no se fían. Una ley de 2010 debería impedirlo, pero su aplicación depende de los gobiernos provinciales.


La organización ambiental Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciaron que, entre los que están en actividad, en desarrollo, a iniciarse o en estudio, hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares, a pesar de estar prohibido por la norma de 2010. En el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aseguran que existen en todo el país 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo que deben estar protegidos.

“Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6° de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”, define Gonzalo Strano, de Greenpeace. El ministerio de Ambiente se ha comprometido a presentar el 50% del inventario en marzo de 2017.

El documento en cuestión fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el juez Sebastián Casanello le requirió al ministerio de Ambiente dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la causa.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”.

Desde FARN, Pía Marchegiani sostuvo: “Esta información da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país. Es fundamental que no se avance con ningún proyecto más; en particular aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se realiza en zonas que deberían estar protegidas”.

Otro aspecto preocupante de los documentos difundidos es la existencia de proyectos con estado de factibilidad, prefactibilidad o en exploración inicial en algunas de las provincias donde la actividad está prohibida, como Chubut (vedada desde 2003), Río Negro (2004), Tucumán (2006), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008) y San Luis (2008). Desde la cartera que conduce Sergio Bergman negaron cualquier tipo de permiso para el inicio de la actividad, cualidad que también depende de las provincias. Desde el ministerio de Energía y Minería, en cambio, han confirmado que las categorizaciones han sido establecidas desde esa cartera, pero que no significan permisos definitivos. “El artículo 15 de la ley de glaciares indica que no están prohibidas las actividades en ejecución”, argumentó un portavoz.

“Estamos hace 10 meses y no dimos ningún permiso”, respondió categóricamente a EL PAÍS un vocero del ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza. “Sí se armó el Espacio de Diálogo Minero en virtud de que Mendoza necesita diversificar la matriz productiva, porque hace 4 o 5 años que no se genera empleo de calidad en la provincia”, dijo. “Es un espacio que funcionó desde junio hasta octubre, con todos los actores, para escucharlos y que se escuchen entre ellos, con el objetivo de avanzar dentro del marco que tenemos”.

 

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