Por Kathleen Nolan (*), Sandra Steingraber (**) y Colleen Boland (***)

La práctica del fracking (fracturación hidráulica) para la extracción de hidrocarburos se extiende en América Latina con consecuencias como el desplazamiento de comunidades, colapso de la agricultura, contaminación del agua y del suelo. Al respecto opinaron para Télam las especialistas norteamericanas Kathleen Nolan, Sandra Steingraber y Colleen Boland.

Estados Unidos inventó la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking para permitir la extracción de gas y petróleo de formaciones no convencionales, un hecho que adquirió masividad en los últimos diez años.

A lo largo de esta década, vimos los daños que generaba en el medio ambiente y en la salud de nuestras familias y vecinos, muchos de ellos trabajadores de la industria. Así fue como, desde nuestras profesiones, decidimos hacer del conocimiento científico nuestra herramienta para prohibir esta actividad.

Con la elaboración del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación logramos hacer un aporte a la difusión y comprensión de sus efectos, un insumo clave por el cual el fracking finalmente fue prohibido en el Estado de Nueva York y, en las últimas semanas, en Irlanda.

¿Por qué la comunidad científica concluye que el fracking ocasiona daños irreversibles para el medio ambiente y la salud? Uno de los puntos centrales es la mezcla de compuestos que se utiliza para quebrar las rocas y liberar petróleo o gas.

En los inicios de la explotación el pozo es inyectado a alta presión con agua, cientos de químicos, muchos de ellos biocidas, y arena. En este mismo proceso o a mediano plazo, se ha comprobado que el pozo se puede deformar, o las juntas de cemento que lo revisten se pueden fisurar, liberando el contenido al ambiente. Al mismo tiempo, parte de la mezcla vuelve a la superficie y, al no haber métodos comprobados que puedan remediarlo, se inyecta de nuevo, ocasionando en muchos casos otros riesgos y daños concretos.

Estos puntos son dos de una larga lista, incluida la mayor incidencia a nivel climático. A la par de los relatos de los trabajadores y vecinos de la industria, la literatura científica es clara: no existen leyes, ni normas, ni regulaciones que puedan hacer que el fracking sea más seguro.

A partir de la invitación del Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista, a través de Enlace por la Justicia Energética y Socio-ambiental, participamos de las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos no convencionales que se realizaron en Buenos Aires y Neuquén.

Hemos aprendido que en Argentina existen más de mil pozos y se proyectan decenas de miles para la próxima década. Lamentablemente, lo que escuchamos no nos sorprendió porque el panorama es similar al que vivimos en diversas regiones de Estados Unidos cuando la industria daba sus primeros pasos.

Sabíamos que el Alto Valle es una zona muy rica en la producción de frutas de pepita, como manzanas y peras. Hicimos una recorrida por el territorio y fuimos a una chacra donde pocos días atrás se produjo un derrame. A los minutos nos comenzó a doler mucho la cabeza, vimos animales muertos cerca de las plantaciones, el perimetral de árboles a la locación también muerto y trabajadores paleando sin protección al lado del pozo de fracking. Lejos de ser el primer accidente, los miembros de la Asamblea por el Agua de Allen nos decían que es recurrente. Una situación igual de grave vimos en las comunidades Campo Maripe, vecina a YPF-Chevron, y Kaxipayiñ, oriunda de Loma La Lata. En ambos casos, sus fuentes de agua presentaban contaminación de hidrocarburos y en la segunda directamente se prendía fuego.

En la ciudad del Neuquén, participamos de una actividad en el hospital público Castro Rendón, donde los profesionales y trabajadores de la salud y miembros de la comunidad afirmaron que se están presentando casos de asma, reacciones alérgicas, enfermos de cáncer y leucemia, entre otros síntomas. Además, hay que tener en cuenta que pueden pasar décadas hasta que algunos cuadros clínicos se manifiesten y puedan ser detectados. Por otra parte, nos comentaron que la situación se complejiza por la falta de recursos y de inversión destinada a la salud pública en la provincia. La ausencia de insumos básicos para los tratamientos necesarios perjudica principalmente a los sectores más vulnerables que no tienen acceso a servicios privados y que viven en zonas aledañas a las perforaciones o donde las empresas realizan los tratamientos de residuos de la industria, lo que se conoce como basureros petroleros.

Nuestra experiencia indica que, para ganarle la lucha al fracking y garantizar salud para nuestros cuerpos y nuestro ambiente, es necesario que un movimiento social poderoso lleve la ciencia al campo político. En nuestra visita a la región norpatagónica argentina conocimos, entre otras, la experiencia de la Comisión Fuera Basureros Petroleros de Neuquén. Este grupo de vecinos logró que el gobierno provincial obligue a las empresas de tratamiento de residuos especiales a instalarse a más de ocho kilómetros de las zonas pobladas, y a cinco de las zonas productivas. Definitivamente se trata de una importante victoria, pero la lucha no termina ahí. Es que el mismo gobierno autorizó a la empresa Comarsa a seguir quemando residuos acumulados hasta 2019, a pesar de estar instalada unos pocos cientos de metros de las casas.

Finalmente, nos gustaría destacar que hemos comprobado que, al igual que en Estados Unidos, la industria del fracking se sostiene sobre fondos públicos, sea a través de subsidios u otras transferencias. Como dicen en el boletín de EJES, el monto transferido las empresas petroleras durante 2015 fue de 15 mil millones de pesos, lo que equivale a la suma del programa Pro.Cre.Ar, ARSAT y Fútbol para Todos. Este punto, en conjunto con el corto alcance productivo que tienen las formaciones, ha sido también un elemento central para prohibir la fractura hidráulica en diversos estados de los Estados Unidos.

(*) Médica pediatra por la Universidad de Yale. Integrante del Physicians for Social Responsibility.

(**) Bióloga por la Universidad de Michigan. Integrante de Concerned Health Professionals de Nueva York.

(***) Integrante del Comité Directivo del grupo de resistencia civil contra el fracking We Are Seneca Lake en el Estado de Nueva York.

Fuente: Télam

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