El ex CEO de Shell anunció un tarifazo de hasta un 37 % para los hogares y explicitó sus objetivos a mediano plazo: que “sea el mismo mercado el que defina” el valor de los hidrocarburos.

 

El ex CEO de Shell protagonizó hoy un nuevo capítulo en la saga de la mercantilización de la energía: anunció aumentos de tarifas de hasta un 37% para los hogares y anticipó una nueva suba en noviembre, que se transferirá de manera directa desde quienes consuman hacia las empresas del sector. El ministro explicitó sus objetivos a mediano plazo, como la posibilidad de volver a exportar gas y la búsqueda de que “sea el mismo mercado el que defina” el valor de los hidrocarburos.

Por Felipe Gutiérrez.- Reapareció Aranguren, volvieron los tarifazos. Esta mañana el Ministro de Energía anunció los nuevos cuadros tarifarios que incluyen mayores aumentos para los hogares que tienen menor consumo y anticipó otras alzas tras las elecciones, en noviembre de este año y en abril de 2018. Esta modificación en el cuadro tarifario persigue transferencia de montos millonarios desde las y los usuarios a las principales compañías del sector. Así, el precio pagado a la extracción de gas en boca de pozo aumentará en un 10% mientras que las compañías de distribución y transporte tendrán un aumento parcial del 30%.

Otra característica de este nuevo tarifazo, es que es más pronunciado en las casas que menos consumen. Por ejemplo en los hogares que consumen hasta 70 m3 (segmento conocido como R22) tendrán un ajuste de 37,6% mientras que el aumento será de 20,6% en las que consumen hasta 216 m3 (R34). Más allá de las diferencias entre hogares, en todos el alza será superior al doble del valor del invierno pasado, debido a que el primer tarifazo estuvo frenado por diversos amparos judiciales, y no se aplicó durante los meses más fríos.

Dos objetivos explícitos y dos implícitos

Durante la conferencia de prensa realizada el viernes 31 de marzo, Aranguren señaló cuáles son los principales objetivos de su cartera: bajar el costo de la generación energética y reducir los cortes, mejorando la confiabilidad del sistema. Los objetivos que subyacen a este discurso, sin embargo, son otros: el crecimiento exponencial de la extracción por medio del fracking en la cuenca Neuquina y la eliminación del sistema de subsidios para pasar a un esquema energético totalmente liberalizado.

En esa línea, durante la conferencia de prensa anunció que este año dejarán de tener vigencia los planes Gas Plus, que incentivaban la extracción, a una reducción progresiva de US$7,5 el millón de BTU en 2018 a US$ 6 en 2021, lo que justificó debido que espera una mayor competencia; “es natural que con la mayor producción, los precios en la Argentina tengan que bajar. Necesitamos más competencia, necesitamos que más empresas inviertan para que los precios bajen”.

El funcionario justificó esta nueva política en una preferencia del gobierno y en que “la misma Corte Suprema en su fallo dijo que cuando el mercado define cual es el precio, hasta no es necesario una audiencia pública. Queremos formular una propuesta de valor para las empresas productoras y las empresas consumidoras del gas natural que sea el mismo mercado el que las define”.

El fin de estas políticas no es otro que profundizar la mercantilización del modelo energético, cuestión que ha sido una de sus preocupaciones desde la primera hora. La obstinación del gobierno para que las y los diversos consumidores paguen un supuesto “precio real” de la energía no sólo oculta el hecho de que los valores de la extracción de gas son producto de acuerdos con las petroleras (unas de las más beneficiadas por este nuevo modelo) sino que explicita una concepción de la energía en tanto bien de consumo.

Sin embargo la energía, así como por ejemplo el agua, es un Derecho Humano y por lo tanto su acceso debiera estar garantizado por el Estado. Del mismo modo todos los subsectores de la energía (extracción, producción, generación y transporte) debieran ser declarados de utilidad pública y controlados por el Estado en tanto bien estratégico. Por esto es que la política de dejar los precios liberados al mercado termina confrontando con el cumplimiento de las necesidades básicas de las personas, en favor de un puñado de empresas concentradas.

Pero para Aranguren la energía es un bien de consumo tanto que el objetivo a mediano plazo es que pueda ser vendido, transformando al país de un importador de gas “a una situación de equilibrio o inclusive a volver a exportar por ejemplo en el verano. Y esto es lo que creemos que va a ocurrir”, señaló Aranguren nostálgico, quizás, de los noventa.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/

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