El gobierno entendía que la inestabilidad macroeconómica se originaba en el excesivo gasto público. Por lo que, con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal primario cero, que trazó como meta para el 2019, redujo los estímulos gasíferos, que consumían una porción significativa del Presupuesto. La medida no se aplicó a todas las concesiones por igual. Si por un lado se le quitaron los subsidios a El Orejano, no sucedió lo mismo con la concesión Aguada Pichana Este operada por Total ni con la concesión Fortín de Piedra de Tecpetrol. Para estas áreas, el gobierno recortó de otra manera: fijó un techo al volumen de gas subsidiado.
La evolución de la extracción en la concesión se caracterizó por un acelerado crecimiento que conllevó a que en 2017 El Orejano explique la mitad del gas extraído de Vaca Muerta. Esta primera etapa se extendió hasta julio de 2018. Desde entonces, la extracción sufre una estrepitosa caída, que en términos acumulados ronda el 60%. Aunque no es la única concesión que registra números en rojo, es la que muestra el peor desempeño entre todas las concesiones del país.
La evolución del stock de pozos utilizados para extraer gas es sumamente representativa de las inversiones que se llevan adelante en cada concesión.
Cuando YPF dejó de recibir precio estímulo en El Orejano, en enero de 2018, frenó las inversiones. Había entonces 61 pozos productivos. Posteriormente, únicamente en junio del 2019 se incorporaron cuatro pozos, número insignificante para la escala de esta concesión. A partir de ese mes, la desconexión de pozos antes productivos fue muy significativa.
En definitiva, el ejemplo de El Orejano sirve para comprender lo inestable que vuelve a la oferta local de gas la apuesta por Vaca Muerta. Ya que si las empresas frenan las inversiones rápidamente comienza a faltar gas. Por lo cual, el Gobierno, responsable de la política energética, queda atado a garantizar un precio estímulo si busca atender el abastecimiento gasífero con lo producido por el megayacimiento.