Liberación de los presos en Andalgalá, Catamarca. Mega minería, agua y persecución política. Un conflicto reciente que todavía no termina.
- Gómez Mederos 04/2021
La noticia sobre la liberación de los ecologistas en Andalgalá, Catamarca; nos hace pensar, por la historia y la lucha de sus protagonistas, que sus detenciones tienen connotaciones que tienen más que ver con una persecución política que con una causa judicial por vandalismo. Es muy fácil darse cuenta que la arbitrariedad de sus detenciones está relacionada a la necesidad de las corporaciones de preparar un escenario propicio para que avance el proyecto que le da continuidad practica a Bajo la Alumbrera. Rosa Farías de la asamblea El Algarrobo en una entrevista reciente anticipaba esta situación “en Catamarca ya funciona, desde hace diez años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Pero es ilegal ya que, debido al amparo del 2016, dictado por la Corte Suprema provincial, y la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta de Andalgalá y prohíbe proyectos de mega minería en las nacientes de nuestros ríos, de donde nosotros tomamos agua. El primer pueblo está a 9 km. que es Potrero. Pero el año pasado, gracias al lobby minero, la declararon inconstitucional y la dieron de baja”
Foto: Liberación de los asambleístas de Andalgalá. Asamblea el Algarrobo. Andalgalá. Catamarca. Argentina
La tensión y los conflictos crecientes en América Latina relacionados con la extracción intensiva de materias primas, y todo lo que esto significa en términos de impactos sobre el ambiente, como las consecuencias sobre las poblaciones que lo sufren, son cada vez más asiduos y marcan de alguna manera el pulso de la agenda política de los territorios en los que esto sucede. La militarización de los pueblos colindantes a los emprendimientos es denunciado por los vecinos como el caso de Andalgalá, antes y después de la detención de los asambleístas. Una verdadera caza humana, “Militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada”
La disputa por los bienes naturales comunes y el saqueo que hacen las grandes corporaciones transnacionales sobre estos, tienen al agua como el elemento en disputa más importante.
La competencia es entre las poblaciones que usan el agua para la agricultura y para consumo propio, y las grandes corporaciones que toman este bien preciado, justamente, de las nacientes mismas donde el agua empieza a tomar forma y alimentar rio abajo, todos los territorios por donde baja.
Pero esta competencia por el agua comienza en lo alto de la Cordillera de los Andes donde se forman los glaciares, ahí mismo es donde las corporaciones mega mineras establecen las inmensas factorías que dragan la montaña hasta hacerla desaparecer, poniendo en riesgo y repercutiendo directamente sobre miles de personas que habitan aguas abajo y la usan para la agricultura, para cuestiones domesticas y para poder desarrollar sus vidas con normalidad.
Según el Atlas Andino de Glaciares y Agua, publicado por la Unesco y la fundación noruega GRID-Arendal, el derretimiento de los glaciares en la zona andina del Perú, produce una retracción que avanza de una manera aterradora. El informe constata que Perú, es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático y que ha perdido ya la mitad de su superficie glaciar entre finales de los años 70 y el inicio de la actual década.
Es por eso que la alerta para nuestros propios glaciares es fundamental que sea escuchada. Fundamentalmente con la aplicación sin trampas de la Ley nacional de Glaciares. Un ejemplo de lo que sucede en nuestro territorio es lo que pasa con los glaciares en el sur de Argentina, El Upsala, en la provincia de Santa Cruz según fotografías aéreas de la NASA, retrocedió desde 1968 10,4 km y su ancho se redujo casi a la mitad, de 4,1 a 2,6 km. El 50% de su derretimiento se dio en la última década y desde 2009 se perdieron unos tres kilómetros de frente glaciar.
El profesor Smiraglia, glaciólogo de la Universidad de Milán concluye en un estudio al respecto que “dentro de un siglo se produciría la casi total desaparición de los glaciares (europeos), de los que sólo quedarían restos debajo del permafrost (parte profunda de los suelos), que, con el transcurso del tiempo, también desaparecerían», en el mismo sentido indica un estudio multitemporal del glaciar Upsala en Santa cruz, hecho por el Instituto de Hielos Patagónicos y la Universidad Tecnológica Nacional. Es por esto que la lucha de los ecologistas toma importancia estratégica en términos geopolíticos, porque es en torno del cambio climático, de la retracción de los glaciares andinos y de cómo el agua se convierte en un elemento en disputa permanente, no solo por su escases y su valor critico, sino porque inclusive hay una cultura del agua internalizado en los pueblos andinos que hace de esta un elemento vital e irremplazable.
Es precisamente por esto, frente al avance de este esquema de extracción intensiva de materias primas, que las poblaciones y sus líderes naturales se enfrentan al escarnio del Estado y los medios de comunicación vinculados y sostenidos por la pauta publicitaria de las corporaciones; pero el castigo del estado y las empresas a las personas que luchan por sostener un ambiente sano y contra la devastación de territorios enteros, es la represión y no pocas veces la muerte. Lamentablemente América Latina cuenta con la mayor cantidad de muertes de líderes ambientales en el mundo. Según la ONG Global Witness, de los 21 países que entraron en el ranking de los más peligrosos para los defensores de la tierra en 2019, diez fueron latinoamericanos, y juntos sumaron 148 de los 212 asesinatos. De todas estas muertes la sumatoria más alta en América Latina la tiene Colombia, con 64 asesinatos, seguido por Filipinas con 43 y luego Brasil con 24. Un dato sobresaliente en el informe de Global Witness, es que la lucha central es «contra el cambio climático oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible» lo que produce la triste estadística de que las industrias más intensivas como la mega minería sea el sector más letal a nivel mundial para los defensores de la tierra, con 50 personas asesinadas en 2019, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza particularmente en Asia, donde el 80 % de los ataques producidos estuvieron relacionados con esta actividad. De estos porcentajes, el 40% pertenece a poblaciones indígenas, es decir las poblaciones más vulnerables y abandonadas por el Estado. Un número preocupante además, es que 1 de cada 10 defensores y defensoras de la tierra son mujeres. Pero el problema no solo son los asesinatos a líderes y lideresas ambientales, «en todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representen una amenaza a su poder y a sus intereses», la judicialización, la represión y la persecución contra activistas ambientales es moneda corriente, en Argentina, como lo mencionamos al principio de este articulo, el encarcelamiento y judicialización de 12 asambleístas de Andalgalá, Catamarca, además del escarnio de los medios vinculados a la corporación minera y el gobierno, el proceso sigue , pese al levantamiento de la prisión preventiva. En el informe de Global Witness se menciona que «en todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representen una amenaza a su poder y a sus intereses»
El debate queda abierto en un país donde es un gobierno de signo progresista el que tiene las riendas de las decisiones sobre el tema. Las grandes contradicciones están en la mesa de discusiones. O el pueblo y sus decisiones soberanas o las corporaciones extractivas y su gula sobre las riquezas metalíferas.